Causas penales

Estamos especializados en causas penales y asumimos encargos como abogados defensores (de oficio o particulares), abogados de la acusación y representantes especiales de menores.

Abogados de oficio
En todos los casos donde se le impute un delito grave, un delito castigado con un mínimo de seis meses de prisión o si pasa a disposición judicial, tendrá derecho a contar con los servicios de un abogado de oficio. También puede tener derecho a la asistencia de un abogado de oficio en otros casos concretos, dependiendo de las circunstancias específicas del mismo.
La función del abogado defensor consiste en asistirle como imputado y en defender sus intereses tanto durante la instrucción del caso como durante el eventual procesamiento.
Tiene derecho a elegir por sí mismo a su abogado de oficio, pudiendo indicarlo en su contacto con la policía. El juzgado de primera instancia determinará si procede asignarle un abogado de oficio. El coste de un abogado de oficio irá a cargo en primera instancia de las arcas públicas, si bien es posible que deba pagar parte de los honorarios del mismo en función de su situación financiera. Si no tiene derecho a un letrado de oficio, podrá contratar a un abogado defensor particular. En este último caso, deberá correr usted mismo con todos los costes.

Abogado de la acusación

Si ha sido víctima de un delito y precisa de un asesor jurídico, tiene derecho a elegir a su propio abogado de la acusación. Ya en la presentación de la denuncia puede indicar a la policía a quién desea como abogado de la acusación. Este debe defender los intereses del demandante dentro de la causa, así como proporcionar apoyo y asistencia durante la instrucción de la misma y en la subsiguiente vista judicial. También informamos acerca de las opciones de indemnización y elaboramos requerimientos al respecto. Los abogados de la acusación casi siempre son sufragados por el Estado.

Representantes especiales de menores

Los menores pueden precisar de un asistente jurídico propio si se sospecha que han sido víctimas de un delito por parte de sus allegados o titulares de la custodia. De ser así, el juzgado de primera instancia podrá designar a un representante especial para el menor, que estará presente y asistirá a este último en la instrucción de la causa, defenderá los intereses del mismo durante el posterior juicio y, si procede, presentará una demanda de indemnización.  Los representantes especiales de menores se costean siempre con fondos públicos.